El Ministerio de Vivienda se resetea para atender el clamor social que amenaza al Gobierno

Cuando Pedro Sánchez conformó su segundo Gobierno de coalición, hace apenas año y medio, otorgó a Vivienda categoría de ministerio después de trece años como secretaría de estado. Todos los estudios sociológicos señalaban entonces y ahora que se trata de uno de los principales problemas de una ciudadanía hastiada ante la espiral de precios abusivos, con alquileres o ventas inasumibles para una amplia mayoría de la población. La oportunidad que atisbó el presidente para impulsar “el quinto pilar del estado del bienestar” se ha convertido en un auténtico problema político y a la vez el principal reto para que el Gobierno pueda mantenerse en el poder.

Con la mayoría de competencias transferidas a las comunidades autónomas y, por tanto, con una capacidad de acción limitada, la ministra Isabel Rodríguez incurrió en poco tiempo en declaraciones públicas que incendian aún más a un movimiento de inquilinos más robusto y mejor organizado. Y logró que el Ejecutivo central se convirtiese en depositario único de una ira creciente: la de quienes dedican cada vez más esfuerzo y más recursos a pagar el inmueble en el que viven.

Después de un año y medio de legislatura, y tras verse en la diana de la frustración de miles de familias que empiezan el mes con el agua al cuello tras pagar la renta, que no encuentran una vivienda en propiedad o que son expulsadas de sus barrios y ciudades, en el departamento de Rodríguez se proponen ahora un volantazo a su estrategia. Y para ello han renovado también equipo y discurso.

“Es la principal preocupación de los españoles y es, por tanto, una prioridad absoluta del Gobierno. Compartimos el malestar ciudadano y por eso estamos poniendo todos los recursos a nuestro alcance para dar una respuesta”, contestó la ministra la semana pasada a una pregunta de ERC en el Congreso cuatro días después de las manifestaciones que recorrieron las calles de 40 ciudades de todo el país.

La reacción a esas movilizaciones, con un mensaje de comprensión tanto a los convocantes como a quienes se concentraron por el derecho a una vivienda digna y accesible, contrasta con el comportamiento del propio ministerio tras la anterior ola de movilizaciones en el mes de octubre. En aquella ocasión, la ministra y su equipo guardaron silencio después de que fuera señalada por sus posicionamientos públicos en favor, casi siempre, de los propietarios o incluso de los promotores.

En una entrevista en la Cadena Ser, hace un año, Isabel Rodríguez aseguró que había “negocio” para los “promotores privados que participen de la oferta de alquiler y de vivienda asequible”. En septiembre, la ministra continuaba anclada al discurso de los pequeños propietarios porque “en sus manos está la mayor parte del parque de vivienda en alquiler”. Y se le ocurrió lanzar un mensaje a los caseros que añadió gasolina al fuego. “España es un país solidario (…), yo les pido que se hagan cargo de esta causa”, reclamó como solución a los precios abusivos. Antes, durante un acto en Málaga, había llegado a rizar el rizo de la polémica. “Si los malagueños no tienen un lugar en el que vivir, ¿dónde se van a alojar los camareros que después nos sirven un vino y un espeto?”, se preguntó.

En realidad, desde el mismo día de su toma de posesión su discurso estuvo impregnado de permanentes gestos a los dueños de viviendas que fueron acogidos con recelos por los sindicatos de inquilinos pero también por grupos que apoyan al Gobierno. En esa primera intervención en el ministerio, Rodríguez mandó “un mensaje de tranquilidad y de esperanza, de sensibilidad con los pequeños propietarios. Tranquilidad, porque este Gobierno pisa la calle y somos conscientes de que en España, muchas personas, especialmente personas mayores, dedicaron todo su esfuerzo y su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementa sus rentas. A ellos también les vamos a proteger”.

“Es el peor estreno posible”, consideraron entonces desde el Sindicato de Inquilinas, que recordaron que los caseros tienen una renta media anual de 46.700 euros, “el doble que la de los inquilinos”. “La población que debería ser objeto de especial protección somos las que no tenemos vivienda en propiedad y, más aún, las que ni siquiera conseguimos acceder a una vivienda”, reclamaron entonces desde el movimiento por el derecho a la vivienda, que comenzaba a rearmarse con fuerza.

Ahora, el cambio en el mensaje es evidente. Si hace unos meses Rodríguez hablaba de “negocio”, ante las manifestaciones que salieron a la calle en toda España para reclamar que las casas dejen de ser precisamente eso, la ministra subraya ahora en sus redes sociales que “las viviendas deben ser para vivir y no para especular”. 

“Creo que el Ministerio ha cambiado el diagnóstico y ha pasado de la timidez absoluta o, incluso, de apuntar en la mala dirección, a realizar con este equipo un buen diagnóstico. El problema es que necesitamos diez veces más, cinco veces más rápido y con consenso”, explica en una entrevista en elDiario.es Javier Burón, especialista en derecho a la vivienda, gerente de la empresa pública de Vivienda de Navarra y exgerente de Vivienda del ayuntamiento de Barcelona bajo las órdenes de Ada Colau. Precisamente uno de sus principales colaboradores, Eduardo González de Molina, se acaba de incorporar al ministerio de Vivienda como refuerzo de los equipos de trabajo de Isabel Rodríguez, también señalados por muchas voces en el propio Gobierno por la deriva errática del departamento en el arranque de la legislatura.

Políticas de vivienda

Todo parte, en realidad, de una asunción de los errores cometidos y de un propósito de enmienda ante la principal preocupación de los españoles. Hay mucha gente en el Gobierno que piensa que el paso de la portavocía del Ejecutivo y de la cartera de Política Territorial a la de Vivienda, que implica mucho más nivel de gestión, le supuso a Isabel Rodríguez un recorrido que le costó transitar, teniendo en cuenta además su falta de experiencia en la materia y, en opinión de la mayoría de socios de izquierdas del PSOE, también de sensibilidad. Algo que, en opinión de su equipo, ya ha superado.

“Está más contundente, más empoderada. Y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo va en la buena línea. En lo que tengamos que ser más contundentes, pues lo seremos. Pero la cruzada contra los pisos turísticos se ha puesto en marcha desde el ministerio con ella al frente y ahora ya hay muchos ayuntamientos diciendo que hay que hacer algo”, valoran.

A marchas forzadas se intentan dar ahora los pasos necesarios desde el ministerio para desarrollar el paquete de medidas anunciadas por Pedro Sánchez en el mes de enero, el grueso de las cuales no se ha implementado aún. Culpan desde el gabinete de Rodríguez a la compleja burocracia de los pasos a dar y a la necesidad de encontrar predisposición en el resto de administraciones, aunque aseguran que la mayor parte de las medidas que dependen de su departamento se encuentran en marcha.

El pasado 3 de abril entró en vigor, por ejemplo, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que establece que las comunidades de vecinos deberán dar el visto bueno expreso a la instalación de nuevas viviendas de uso turístico en sus edificios. España será, además, el primer país de los veintisiete en trasponer una directiva de la Unión Europea que impide que sean comercializadas viviendas turísticas que no estén inscritas en un registro oficial. Y el Plan Estratégico para la industrialización del sector será impulsado justo a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.

Por contra, la empresa pública de vivienda anunciada por Pedro Sánchez como medida estrella del congreso del PSOE celebrado en diciembre en Sevilla sigue sin arrancar. Explican en el ministerio que los trabajos para crear esa empresa que el presidente dijo que gestionaría hasta 30.000 viviendas procedentes de la SAREB tienen el objetivo de estar listos antes del verano. Pero que en cualquier caso la agencia estatal del suelo “ya trabaja con esa filosofía” y ha licitado 1.600 viviendas asequibles.

No se han adelantado tampoco las promesas de Sánchez de una fiscalidad que promueva la limitación de precios. El presidente prometió una “exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas”, así como una reforma fiscal “para que los pisos turísticos tributen como lo que son: negocios”. A preguntas de este periódico, el Gobierno reconoce que no se ha avanzado.

Lo mismo ocurre con las nuevas condiciones para que las SOCIMIS promuevan vivienda asequible “y acabar con la injusticia de que algunos inversores usen este instrumento para pagar menos impuestos que los ciudadanos de a pie al comprar la misma vivienda”. Sobre otra promesa, la de la “limitación de compra de vivienda por extranjeros extracomunitarios no residentes”, el ministerio solo apunta que los “trabajos están en marcha”. Aunque apuntan a la complejidad legal de trasladar esa misma medida a extranjeros sí comunitarios por la colisión con las normas europeas.

Sumar pide más ambición al PSOE

En Sumar dicen tener claro que una de las asignaturas clave para el Gobierno es la política de vivienda y por eso desde el principio de la legislatura han tratado de arrancar compromisos a su socio enfocados sobre todo en la construcción de vivienda pública, pero también en la puesta en marcha de mecanismos para que las comunidades autónomas apliquen la ley aprobada en la pasada legislatura, impulsada por el Ejecutivo del PSOE con Unidas Podemos. 

En las últimas semanas, el grupo plurinacional ha enviado mensajes a su socio de Gobierno para que active entre otros asuntos la proposición de ley para regular el alquiler de temporada que el Congreso aceptó tramitar a finales del año pasado. “Quiero mandar un mensaje a la ministra de Vivienda y al Partido Socialista: no se puede seguir retrasando el trámite de esta proposición de ley, nuestra fuerza de izquierda debería recaer sobre los rentistas y no ser equidistantes”, dijo la portavoz, Verónica Martínez. 

El socio minoritario de la coalición es consciente de que el asunto de la vivienda es crucial para consolidar las políticas públicas del Gobierno enfocadas al crecimiento de los salarios. Y que tanto la subida del salario mínimo como la recuperación del empleo pueden quedarse sin efecto si los precios de la vivienda siguen elevándose de manera disparada. “A veces hacemos un esfuerzo ingente desde el Gobierno por subir las rentas de los hogares creando empleo o subiendo el salario mínimo interprofesional y vemos que eso lo absorben los rentistas”, sostuvo en una entrevista con elDiario.es el coordinador de Movimiento Sumar, Carlos Martín Urriza. 

Por ello, fuentes de Sumar en el Gobierno recuerdan las medidas que han empezado a tomar por ejemplo desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo utilizando todas las competencias a su alcance “para actuar contra el rentismo y proteger el derecho a la vivienda”. Por ejemplo, abriendo expedientes sancionadores a las grandes inmobiliarias por prácticas abusivas. También han detectado hasta 15.000 viviendas turísticas sin licencia solo en Madrid, un trabajo de recopilación de datos que también están extendiendo a otros territorios como Andalucía o Ibiza.

Uno de los problemas a la hora de negociar con el PSOE una batería de medidas al respecto es la decisión de Hacienda de volver a prorrogar los Presupuestos Generales del Estado. Sumar, de hecho, planteó en el inicio de curso todo un documento con políticas en este sentido de cara a la negociación de esas cuentas públicas, estancadas por el momento. 

Los de Yolanda Díaz quieren, por ejemplo, aplicar políticas efectivas para aumentar el parque público de vivienda con la construcción de 500.000 pisos destinados al alquiler asequible, no más de 400 euros mensuales. Estas viviendas deben construirse además, según la propuesta del espacio plurinacional, en las denominadas zonas tensionadas, aquellas en las que el alquiler ha subido de forma significativa en los últimos años. 

Otra de las medidas que han propuesto es la de condicionar las ayudas de vivienda a las comunidades autónomas a que sus gobiernos cumplan la ley. Hasta ahora, solo Catalunya ha activado la declaración de zonas tensionadas en la mayor parte de su territorio. Hay otros gobiernos que han declarado estas zonas en municipios concretos, como Euskadi o Asturias. Pero la mayor parte de los territorios, en manos del PP, han renunciado a aplicar los mecanismos de control de precios que contempla la normativa estatal. 

“El caso de Catalunya demuestra que sí se puede avanzar cuando hay voluntad política. Gracias al impulso de los comuns, se ha logrado regular los alquileres de temporada y de habitaciones, frenando un vacío legal que solo favorecía la especulación. Mientras tanto, en el Congreso, una propuesta en esa misma línea que hemos defendido los últimos meses permanece bloqueada. Es una contradicción que el PSC en Catalunya impulse medidas a favor de la vivienda y el PSOE estatal no avance en esa dirección”, sostienen fuentes de Sumar.